La crisis de salud por la muerte de 32 pacientes y 48 afectados con el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda se complica, tras surgir un nuevo elemento en las investigaciones. Se trata de una demanda interpuesta por los representantes de la empresa Alcoholes del Istmo en contra de la Caja de Seguro Social (CSS), por supuestamente haberle suspendido un contrato de suministro de insumos, para beneficiar al Grupo Comercial Medicom S.A., la cual está siendo investigada por vender insumos contaminados a esta institución. Según fuentes judiciales la demanda fue interpuesta el 30 de diciembre de 2003, porque la CSS a través de la resolución N-230422-08-12 ordenó de la suspensión del contrato de venta de 168 mil litros de alcohol etílico (up), valorado en más de 143 mil 766 dólares.
Sin embargo, no fue hasta ayer que se conoció sobre este tema. Por otra parte, el fiscal auxiliar Luis Martínez reveló que se está solicitando una asistencia judicial a las autoridades del Reino de España, para que informen todo lo relacionado con la empresa Rasfer, la cual le vendió los insumos a Medicom.

A estas autoridades se les envió un cuestionario de 23 preguntas, entre ellas, ¿cuál eran las actividades comerciales de Rasfer? Si cumplía o no con los requisitos, y si tenían certificación de los productos que ellos elaboran, anotó el fiscal.

Indicó que se le envió un cuestionario de 24 preguntas al director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani, quien respondió la primera petición, pero aún falta las más determinantes en este proceso. Martínez dijo que ayer se realizó una prueba en el Laboratorio de Producción de la CSS, en donde se tomaron muestras y se hicieron comparaciones con la materia prima y con el lote de medicamentos contaminados por el tóxico. Estas pruebas fueron realizadas por personal del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá y del departamento de Toxicología de Medicina Legal del Ministerio Público.
Erika Diaz García

Ver anterior acerca de la intoxicación con propóleos en Argentina