Gobierno-campo alentaron la destrucción del suelo, la redistribución de las retenciones ¿para quién?
Otras opiniones

 Manolo Romano en ¿El Campo Está en Orden? Rebelión:

Migajas

 El anuncio del “plan social” de Cristina es una verdadera hipocresía. Sobre la “redistribución del ingreso”, habla más que mil palabras la violenta represión ordenada en La Quiaca por el gobernador kirchnerista Barrionuevo de Jujuy contra cientos de familias desocupadas que reclamaban un subsidio de 500 pesos. Pero además, fue toda una “confesión de partes” por cadena nacional. Los alrededor de 4.000 millones de pesos adicionales que estiman recaudar con la suba de las retenciones y destinarán a obra pública, son una décima parte de los casi 40.000 millones que obtendrá el fisco este año por retenciones agropecuarias las que, a su vez, representan sólo el 12% de la recaudación total. Los grandes volúmenes de la recaudación fiscal que provienen de impuestos al consumo popular como el IVA, se destinan a mantener “el dólar competitivo” (12.000 millones anuales) que favorece a los grandes exportadores de la industria y el campo, a subsidios a las patronales empezando por las de la energía y el transporte (16.000 millones en 2007), y a pagar la deuda externa. Todo esto es lo que habilita las preguntas, entre suspicaces e ingenuas, que recorren los medios: ¿qué pasará con los hospitales y las viviendas prometidas “a los que menos tienen” si baja el precio de la soja? O peor, como dice La Nación, “¿de dónde sacará el Tesoro los recursos para atender la brecha fiscal que pretendía cerrar con los ingresos que ahora se propone transformar en obra pública compartida”. A esto se agrega los déficit fiscales provinciales, como, por ejemplo, en Buenos Aires donde Scioli necesita $5.500 millones para cerrar su déficit, mientras los intendentes piden el giro de $1.200 millones para poder pagar el servicio de recolección de residuos. Y esto es en el bastión del PJ.

En el diario  La Nación de hoy en la Sección 2 Economía y Negocios

Ven riesgos de otra crisis por la deuda

El fantasma de la inflación, la deuda externa y el default reaparecen en el escenario económico argentino, según un estudio de los economistas Martín Krause y Aldo Abram, del Centro de Investigación de Instituciones y Mercados de la Argentina (Ciima).

El paper precisa que "la Argentina aparece hoy con una tasa de inflación galopante que está resultando en una desaceleración en el crecimiento económico y que la deuda pública argentina supera hoy el nivel alcanzado en el momento del default, en 2001".

El estudio precisa que, si se incluye el monto total de deuda en cesación de pagos (que incluye lo que el país debe aún a los llamados holdouts), el pasivo argentino asciende a unos 170.000 millones de dólares, un 67 por ciento del producto bruto interno (PBI), mientras que durante el último año del gobierno de Fernando de la Rúa era equivalente al 54 por ciento del PBI. Y esto apenas tres años después de la reestructuración de la deuda.

"La realidad inflacionaria, que supera el 20 por ciento, socava la confianza del argentino promedio, impactando en su capacidad de consumo y ahorro", agregan.

Al mismo tiempo que afecta el valor de la deuda pública, dice el informe, la política fiscal del Gobierno "y su fracasado intento de aplicar retenciones impositivas al sector productivo demuestran que existen pocas opciones para obtener financiamiento y que éstas están haciendo agua por la pérdida de confianza".

"Cuando se pierde la credibilidad se pierde el crédito y, por ende, por poco que se deba si no se tiene plata para pagar, se está en cesación de pagos", dice el informe.


En Financial Times

El informe de Krause y Abram, titulado "Deuda e Inflación, Volver al Futuro", fue anticipado ayer a la prensa extranjera (fue uno de los principales títulos del influyente diario Financial Times ) y será presentado durante un panel de la Quinta Cumbre Financiera Argentina, organizada por LatinFinance, el miércoles próximo.

El trabajo destaca la actual escasez de crédito para la Argentina, cuando "este año el Gobierno tiene que cancelar o renovar 8500 millones de dólares de deuda, a los que se suman 6100 millones de dólares de intereses. O sea, un total de 14.600 millones".

En tanto, la necesidad de financiación de la Argentina sería de 11.800 millones de dólares en 2009 y de 10.500 millones en 2010.

"El Gobierno espera cubrir estas necesidades de financiamiento colocando bonos en toda agencia gubernamental que tenga fondos disponibles", dice el informe.

Y cita como ejemplo a la Anses, la AFIP y el Banco Central. Esto, además de los bonos que compra Venezuela (cerca de 5000 millones de dólares en los últimos tres años). "Pero este financiamiento no solamente es caro, sino que tampoco está exento de «condicionalidades», como lo muestra el llamativo silencio ante la expropiación de la empresa argentina Sidor", afirman los economistas, haciendo referencia a la reestatización de la siderúrgica, propiedad del grupo Techint, que realizó el gobierno de Hugo Chávez.

"Venezuela es el único país que presta dinero a la Argentina a una tasa que ronda el 13 por ciento de interés, mientras que la falta de un acuerdo con el Club de París -una deuda que conlleva apenas el 5,3 por ciento de interés- y de una solución a los holdouts, cierra las posibilidades de acceder a financiamiento blando, tanto público como privado", describen.

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